Tras casi quince años de explotación del mayor yacimiento del país y el tercero de América Latina, nuestra provincia ha asistido al rotundo fracaso del ‘modelo de desarrollo minero’. Oficialistas y opositores, y quienes de buena fe, por ingenuidad o por conveniencia, creyeron en la minería transnacional como ‘tabla de salvación’ de la provincia admiten que las expectativas de ayer, son hoy una amarga frustración.
La resistencia social a las grandes explotaciones mineras ha crecido y es hoy un dato clave de la realidad política local.
La empresa periodística “El Ancasti”, habitual vocera de oficio de los intereses mineros en la provincia, advertía a mediados del año pasado que “la resistencia a la minería, palpable en todo el territorio provincial, es más intensa en los departamentos del Oeste, donde están los yacimientos de mayor envergadura.
Según una encuesta realizada recientemente por una prestigiosa consultora nacional, en Andalgalá, 7 de cada 10 ciudadanos está en contra de las explotaciones mineras.
Mientras que en Santa María, la oposición ronda el 60%.
En tal contexto, el desarrollo minero resulta una quimera”
(“La minería hoy. Señor gobernador, es imperioso intervenir”, Silvio Zitelli, El Ancasti, 17-06-10).
Sin embargo, desde la brutal represión al pueblo andalgalense (15-02-10), a las elecciones de marzo de este año, poco había cambiado. Sustancialmente, nada.
Y el rechazo popular se hizo evidente en las urnas. En Andalgalá y en Tinogasta se impusieron claramente candidatos que hicieron campaña con el rechazo a Agua Rica y a la minería de uranio respectivamente.
En municipios de Belén y Santa María, los oficialismos pro-mineros sufrieron sendas derrotas; los candidatos electos, de mínima, se cuidaron de tomar una postura a favor de las mega-explotaciones transnacionales.
La necesidad de un cambio en la gestión política de la ‘cuestión minera’ es incuestionable.
Sin embargo, se abre un campo de debate y de disputas sobre a qué nivel y con qué intensidad producir los cambios.
Los aliados locales del poder minero, alientan cambios meramente tácticos: según ellos, para revertir el rechazo social a la minería transnacional bastaría con mejorar la captación y administración de la renta, dirigir con mejor criterio las inversiones públicas, mejorar los controles a las empresas y dar mayor publicidad y aún ‘participación’ a la gestión minera, pública y privada.
Lamentablemente, aunque no sorpresivamente, tal parece ser el rumbo por el que van a optar las nuevas autoridades electas: la reciente visita de su plana mayor a la provincia de San Juan es una clara señal en tal sentido.
Si aún lo que pretendieran es ‘adecentar’ un poco el mismo modelo, buscar ‘ejemplos’ en el feudo de Gioja no parece ser la alternativa más apropiada; una provincia férreamente asentada en el autoritarismo represivo y de ‘disciplinamiento’ fiscal, cuyo único plus aparente sería una mayor eficacia para reprimir y/o contener las resistencias sociales.
Dado el desarrollo de los procesos sociales en nuestra provincia, el ‘modelo sanjuanino’ ni siquiera aseguraría al nuevo gobierno un escenario de mayor estabilidad.
Aún cuando hay una incapacidad política manifiesta para imaginar una estrategia de gobierno que no esté anclada en el extractivismo sacrificial de la renta minera, el nuevo gobierno estaría desaprovechando una importante oportunidad histórica para revertir mínimamente las graves y ruinosas condiciones ecológicas, económicas y políticas bajo las cuales se viene ejecutando el ‘modelo minero’.
Como gravosa ‘herencia’ de los ’90, América Latina, nuestro país, y nuestra provincia por cierto, se hayan presas de un ‘modelo de crecimiento’ basado en la explotación extractiva de materias primas, lo que está llegando a los límites del colapso ecológico.
Varios países están discutiendo ya alternativas para morigerar este perverso esquema, buscando pasar de un extractivismo senil a otros escenarios menos leoninos.
Sin que implique ningún ‘cambio revolucionario’, el nuevo gobierno podría ensayar una serie de cambios orientados a reducir mínimamente los actuales niveles de irracionalidad.
Una agenda mínima en tal dirección implicaría, al menos:
En el plano político, democratización y participación real de las poblaciones sobre los proyectos:
- consulta previa e informada a las poblaciones sobre todo proyecto minero antes del inicio de actividades de exploración.
- Condiciones y posibilidades reales de monitoreo y control de los Estudios de Impacto Ambiental.
- Plebiscitos municipales vinculantes sobre la explotación o no de proyectos de gran envergadura y/o de gran impacto.
- Participación ciudadana real y en condiciones de igualdad, en organismos de monitoreo y control de las explotaciones.
(La composición y el funcionamiento actual del consejo consultivo minero, cooptado por actores dependientes del sector, lo vicia de nulidad y anula su credibilidad).
En el plano ecológico: control, prevención y establecimiento de límites al daño ambiental y a los impactos sobre los ecosistemas y la salud de las poblaciones.
- Elaboración previa de un mapa de ordenamiento territorial, con participación ciudadana, que establezca condiciones, modalidades y posibilidades de uso económico de los ecosistemas, estableciendo áreas reservadas en función del grado diferencial de impacto ambiental de las distintas actividades.
- Establecimiento de una Autoridad Ambiental que prevea la participación ciudadana y que tenga real independencia de los grupos de interés sobre los que debe ejercer el control y fiscalización ambiental.
- Dotar de seriedad a los Estudios de Impacto Ambiental. Ello implica cambiar los mecanismos y procedimientos para asegurar un sistema de evaluación estratégica y aprobación multidimensional e interdisciplinaria de los Estudios de Impacto Ambiental. (No es más sostenible que la secretaría de minería apruebe los EIA; deben tener participación y capacidad de decisión todas las áreas funcionales de gobierno, y establecerse mecanismos de control ciudadano). Definir responsables de aprobación por áreas críticas (ambientales, de salud, económicas y culturales) con responsabilidad judicial por sus decisiones. Establecer y jerarquizar un organismo autónomo para el control y monitoreo del impacto ambiental de las operaciones extractivas, integrado interdisciplinariamente y que contemple instancias de información, participación y control ciudadano.
- Definición de topes máximos de utilización de agua de acuerdo a la capacidad de los ecosistemas y a los requerimientos presentes y futuros de las poblaciones locales.
- Definición de topes máximos de consumo energético y de emisión de gases de efecto invernadero por unidad de explotación y por sector.
- Sancionar leyes provinciales que fijen límites máximos permisibles para la emisión de efluentes y desechos y niveles de calidad de agua, aire y suelos acordes a los estándares de la Organización Mundial de la Salud.
- Establecer por ley un sistema de seguro ambiental obligatorio para afrontar casos de accidentes, remediación y tratamiento de pasivos ambientales, siguiendo mínimamente los estándares vigentes en países como Canadá y Estados Unidos en esta materia.
- Diseñar e implementar un sistema público y confiable de mapeo y seguimiento epidemiológico provincial que dé cuenta de la distribución y frecuencia de morbilidad y mortalidad y sus probables etiologías.
En el plano económico: internalización real de costos de bienes y servicios ambientales, transparencia y equidad fiscal y participación proporcional en la renta de las explotaciones.
- Des-adhesión inmediata del régimen de inversiones mineras fijadas por las leyes nacionales de los ’90 (Ley 24.196 y correlativas).
- Eliminación de exenciones y desgravaciones tributarias.
- Imposición de un régimen de regalías proporcional a las tasas de ganancia de las empresas.
- Establecimiento de un tribunal de fiscalización económica con amplios poderes para auditar la gestión económica, financiera y comercial de las grandes empresas, con participación de distintos sectores del arco político partidario y de las comunidades locales.
- Definir tarifas por el uso de recursos hídricos acordes al valor económico-ecológico integral del recurso y a los costos de oportunidad relativos a nuestras condiciones ambientales.
- Definir un sistema de tarifas energéticas (electricidad, gas y combustibles en general) que grave progresiva y proporcionalmente los niveles de consumo de las empresas.
- Sanción de una ley que regule y fiscalice el ejercicio de la ‘responsabilidad social empresaria’ a fin de evitar el clientelismo de empresa y las tácticas de manipulación y extorsión corporativas. (Apuntar a la regla de que todos los aportes económicos de las empresas se canalicen a través de la vía ‘natural’ de los impuestos y tasas).
Las medidas enunciadas, sin ser exhaustivas, marcan un programa básico de cambio mínimo, real y posible de hacer en el corto plazo, para salir del extractivismo irracional imperante. En concreto, ello significaría abandonar el estado actual de ‘explotar todo, y a cualquier costo’ y decidir estratégica y democráticamente qué y bajo qué condiciones explotar y qué preservar.
Un mínimo de inteligencia estratégica y de pragmatismo político permitiría a las nuevas autoridades reconocer la conveniencia de avanzar en tal dirección.
Claro, esto no satisface los planteos mayoritarios de los movimientos socioambientales en la provincia. Nuestras luchas y demandas están completamente en otro lenguaje y en otra sintonía epistémica y política: apuntan más bien a advertir sobre la inviabilidad económica, política y cultural de una estrategia de ‘desarrollo’ basada en la explotación extractiva de los bienes comunes de la naturaleza, y se orientan a defender la integridad de los ecosistemas como base de vida y como capital político estratégico ante el inequívoco escenario de ‘agotamiento del mundo’ y crisis ecológica global (crisis energética + crisis alimentaria + crisis climática).
Horacio Machado Aráoz (DNI 21325778)
Docente de la Universidad Nacional de Catamarca
Investigador del Grupo de Ecología Política – Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
