Organizaciones sociales y de derechos humanos expresaron su rechazo al proyecto de ley antiterrorista que planea aprobar el gobierno antes de fin de año. El proyecto prevé duplicar las penas para las personas que cometan actos considerados terroristas o cuando se lleven adelante acciones para obligar al gobierno a tomar alguna medida. El texto impulsado por el oficialismo aclara que no se aplicará cuando se trate del ejercicio de un derecho constitucional. Sin embargo numerosas organizaciones afirman que podría permitir que se acuse de terrorismo a líderes sociales. El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel afirmó, en declaraciones emitidas en Informativo FARCO que “no es clara esta ley y uno no la ve como una ley que pueda servir para poder avanzar con un sistema de seguridad que impida los actos terroristas en el país”.
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| Adolfo Pérez Esquivel |
El gobierno reconoció que la aprobación de esta ley es un requisito exigido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para no sancionar al país. El proyecto ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y podría ser ley la semana que viene si es aprobada por el Senado Nacional.
Peréz Esquivel, copresidente de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, alertó que “es muy preocupante la premura que tiene el gobierno para que esta ley se apruebe bajo presión de Estados Unidos y del GAFI para poder invertir en el país sin problemas de movimiento sociales”.
Además aseguró que “en realidad es una ley para aplicar contra los movimiento sociales” y que “durante el gobierno de (Néstor) Kirchner y los anteriores hay 3 leyes antiterroristas. ¿Para qué otra más? El terrorismo no se va a resolver con más represión, más control social y tratando de impedir las movilizaciones sociales”.
Pérez Esquivel propuso “primero analizar las leyes vigentes en el país, cómo fortalecerlas y lo otro, los mecanismos e instrumentos de seguridad nacional”. Según explicó “esta ley antiterrorista se está aplicando en Chile contra los mapuches, se está aplicando en Paraguay contra los campesinos, entonces ahora la quieren aplicar en Argentina pero está también en Colombia, está en muchos países bajo la presión de los Estados Unidos”.
Recientemente numerosas organizaciones firmaron y difundieron un documento conjunto en el que rechazan este proyecto de ley.
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