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| El activista Bernardo Vásquez Sánchez, en una de sus denuncia contra las mineras en San José del Progreso |
Al darse a conocer esta trágica noticia, participantes en el Foro Alternativo Mundial del Agua celebrado en Marsella Francia, guardaron un minuto de silencio y demandaron garantías para luchadores sociales en comunidades de Oaxaca; en su comunicado señalaron: “Sabemos que en México, la industria minera trasnacional, y en especial la canadiense, se caracteriza por operar impunemente al margen de la ley, provocando -mediante una cuidadosa ingeniería de conflictos- la corrupción de autoridades, la intimidación a la población y la destrucción de las condiciones de vida de las comunidades donde se instala”. Este comunicado fue leído el 16 de marzo ante asistentes a la cumbre.
Por su parte la organización Red Manglar internacional, que agrupa a más de diez países de Latinoamérica, se pronunció contra el crimen de Bernardo Vásquez y señaló: “se comprueba una vez más que la imposición de mega proyectos en comunidades y territorios rurales e indígenas está acompañada de actos criminales y violatorios de los derechos humanos con la complacencia de las instancias gubernamentales”. Dicho organismo demandó la cancelación de las concesiones a la compañía minera Cuzcatlán.
Debido a la amplia cobertura que dio la prensa canadiense a estos sucesos, parlamentarios de aquel país también entraron al debate, la discusión giró en torno a la responsabilidad social de las empresas respecto a las violaciones a los derechos humanos que comenten fuera de Canadá. La parlamentaria Jen Moore de Miningwatch, denunció lo que llamó “el mito de la exploración minera”. En tanto que el parlamentario Peter Julian llamó a aprobar una legislación que aplique sanciones a las empresas mineras que, fuera de Canadá, cometan violaciones graves a los derechos humanos, laborales y ambientales.
En tanto el representante del Foro Permanente de la ONU para Cuestiones Indígenas, Saúl Vicente Vázquez, demandó el esclarecimiento de este crimen: “Este ataque se suma a la cadena de agresiones que ha sufrido esta organización y la comunidad de San José del Progreso, donde actúa un grupo armado, presumiblemente defensor de la minera Cuzcatlán, como lo señaló Bernardo en una entrevista que le realicé un par de meses atrás”. Esta fue la declaración de Saúl Vicente Vázquez.
Así también se difundió un pronunciamiento suscrito por más de 170 organizaciones y 100 personalidades de una veintena de países del mundo condenando los hechos. Entre las personalidades que suscriben destaca el filósofo Pierre Mouterde, el economista David Barkin, y la periodista Stella Calloni; organizaciones como Greenpeace, la Federación Internacional de Derechos Humanos y el Movimiento Madre Tierra de Honduras, exigen “al gobierno federal y estatal el castigo a los autores materiales e intelectuales del cobarde asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez”.
Para exigir el esclarecimiento de este y otros crímenes contra luchadores sociales, organizaciones oaxaqueñas han anunciado una jornada de lucha para los días 20 y 21 de marzo, que incluye diversas acciones de protesta pacífica como la toma simbólica del consulado y la embajada de Canadá en México. Sin duda alguna, los crímenes contra activistas en Oaxaca llaman poderosamente la atención de la comunidad internacional.
Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA
170 organizaciones y 100 personalidades de veinte países condenan el asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez
MOVIMIENTOS, REDES Y ORGANIZACIONES CONDENAMOS EL COBARDE ASESINATO DE BERNARDO VÁSQUEZ SÁNCHEZ DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE OAXACA Y EXIGIMOS LA CANCELACIÓN INMEDIATA DEL PROYECTO MINERO “SAN JOSÉ” OPERADO POR LA EMPRESA MINERA CUZCATLAN, FILIAL DE FORTUNA SILVER MINES
San José del Progreso, Ocotlán Oaxaca, 20 de marzo de 2012.
A las Autoridades del Estado de Oaxaca
Al Ejecutivo Federal
A los pueblos de México y el mundo
A los medios de comunicación
El día 15 de Marzo de 2012 fue cobardemente asesinado nuestro compañero Bernardo Vásquez Sánchez dirigente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO). El artero crimen fue perpetrado por un grupo armado que además atentó contra la vida de Rosalinda Dionisio Sánchez y Andrés Vásquez Sánchez (hermano de Bernardo) quienes actualmente se encuentran gravemente heridos.
Este asesinato esta relacionado directamente con la empresa minera Cuzcatlán S.A de C.V. filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, quienes desde 2006 iniciaron sus operaciones en el Municipio de San José del Progreso, Oaxaca sin el consentimiento de dicha comunidad y con el aval de las Autoridades Municipales y el Gobierno del Estado.
Desde sus inicios la empresa minera Cuzcatlán ha violentado diversos tratados internacionales de derechos humanos entre ellos, el Convenio 169 de la OIT, que estipula el Consentimiento Previo Libre e Informado para la realización de proyectos en territorios indígenas. Además ha generado un clima de tensión social y política al interior de la comunidad que el gobierno del estado ha minimizado argumentando que es un conflicto interno por el control y el poder del municipio.
La empresa minera no ha asumido su responsabilidad con los Pueblos y Comunidades del Valle de Ocotlán, en todo momento se ha deslindado de la problemática de San José del Progreso y de las graves violaciones a los derechos humanos. Denunciamos que en México se protegen los intereses privados de empresas trasnacionales por encima de la vida de las comunidades y de defensoras y defensores de derechos humanos. En Oaxaca esta ambición ha cobrado la vida de cuatro personas y un sinnúmero de enfrentamientos.
Denunciamos la contradicción existente en Oaxaca en materia de derechos humanos, por un lado se maneja un discurso de protección y respeto a las decisiones de los pueblos y comunidades indígenas y por el otro se cobija y ampara las injusticias perpetradas por empresas extranjeras.
Desde 2010 la CPUVO presentó numerosas peticiones a diferentes instancias de gobierno y de derechos humanos, advirtiendo de actos represivos de las autoridades municipales y posibles hechos violentos en contra de las comunidades de Cuajilotes, Maguey Largo, Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa, así como compañeros y compañeras que acompañan procesos legítimos de defensa del territorio y sus recursos. Nuevamente la respuesta del gobierno estatal fue la indiferencia y el silencio.
Esta indiferencia del llamado “Gobierno del Cambio” y la inmunidad que ha otorgado a la empresa minera canadiense ha aumentado la violencia en la región acabando con la vida de Bernardo y lanzando una amenaza abierta hacia los y las defensores de derechos humanos que se opongan a proyectos que atentan contra los derechos de las comunidades.
La lucha de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán desde sus inicios ha respetado el marco legal federal y estatal. Es un movimiento pacífico, legítimo y legal en la defensa de sus derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de derechos humanos.
La actitud pasiva y de oídos sordos del gobierno del estado de Oaxaca nos llena de indignación ya que los enfrentamientos y muertes ocurridos desde 2010 pudieron haberse evitado. Las preguntas que nos hacemos son: ¿qué es lo que sigue? ¿Cuántas personas mas tienen que perder la vida para que se tomen cartas en el asunto? ¿El gobierno del estado seguirá minimizando el conflicto de San José del Progreso a un problema intercomunitario post electoral?
Ante esta situación:
Nos solidarizamos con la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, en su defensa contra la empresa minera Cuzcatlán.
Responsabilizamos al Gobernador del Estado de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, por su omisión ante los hechos de violencia y asesinatos acontecidos en San José del Progreso desde los inicios de su gestión.
Responsabilizamos al presidente municipal Alberto Mauro Sánchez por cualquier acto que atente contra la vida e integridad física y psicológica de la población en general de San José del Progreso, específicamente, miembros de la CPUVO.
Denunciamos que los proyectos mineros no son una opción de desarrollo para los pueblos y comunidades indígenas del estado de Oaxaca. Por el contrario, han generado graves conflictos sociales y políticos tendientes a reproducirse en todo el estado de continuar con esta política de desarrollo.
Exigimos al gobierno federal y estatal el castigo a los autores materiales e intelectuales del cobarde asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez.
Exigimos al gobierno estatal que garantice la vida, la seguridad y la integridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos Andrés Vásquez Sánchez y Rosalinda Dionisio Sánchez, así como de los familiares de Bernardo Vásquez Sánchez y de todos los miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán.
Exigimos al poder legislativo federal que gestione con celeridad la aprobación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, cuyo objetivo es, precisamente, evitar los atentados contra la vida y la integridad de quienes se dedican a proteger y defender los derechos humanos de los pueblos y comunidades del país.
Exigimos al Congreso del Estado de Oaxaca y al Ejecutivo Estatal la desaparición de poderes en el municipio de San José del Progreso, debido a las agresiones, amenazas y asesinatos perpetrados por la autoridad municipal hacia miembros de la CPUVO.
Exigimos al gobierno federal, estatal y municipal la salida inmediata de la empresa minera Cuzcatlán responsable intelectual de los crímenes cometidos contra Bernardo Méndez Vásquez, y Bernardo Vásquez Sánchez y generadora de conflictos en el Municipio de San José del Progreso.
¡¡¡Cese a la violencia y amenazas en contra de las comunidades, defensores de derechos humanos y dirigentes sociales en el Estado de Oaxaca!!!
Organizaciones y Redes Nacionales: Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios; Servicios para una Educación Alternativa Educa A.C.; Servicios del Pueblo Mixe, Ser Mixe A.C.; Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, BARCA A.C.; Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.; Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, UNOSJO S.C.; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Prodh A.C.; Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA); Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER); Otros Mundos A.C./Chiapas; Movimiento Campesino Regional Independiente/Coordinadora Nacional Plan de Ayala/Movimiento Nacional (MOCRI-CNPA/MN); Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento en Oaxaca (SURCO) A.C.; Centro de Estudios de la Región Cuicateca; Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO); Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC); Colectivo Hoja Verde; Ojo de Agua Comunicación; Ecosta Yutu Cuii; Universidad de la Tierra en Oaxaca; Centro de Encuentros y Diálogos Interculturales; Marea Creciente México; Colectivo Revuelta Verde; La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental; Pobladores A.C.; Alianza Internacional de Habitantes; Tequio Jurídico A.C.; Gestión Justicia y Medio Ambiente Sociedad Civil; Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.; Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha AC (CODIGO DH); K´INAL ANTSETIK A.C. (Chiapas); Maderas de Pueblo del Sureste A.C.; Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas; Ik Balam-Agencia de Noticias Ambientales; Salud Integral para la Mujer A. C.; Línea Ciudadanía, Género y DDHH; Medio Ambiente Y Sociedad, A.C. (MAS); Comité Estudiantil Metropolitano; Caravana Universitaria Ricardo Zavala; Comité de Derechos Humanos Oralia Morales de Frontera Comalapa; Comité Regional para la promoción y defensa de la Vida “Samuel Ruiz”; Equipo Pueblo A.C.; Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C.; Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI); Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ); Alianza Mexicana por la Autodeterminacion de los Pueblos (AMAP); Radio Comunitaria Las Voces de los Pueblos; Frente Regional Indígena del Bajo Mixe-Choapam; Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.-filial Oaxaca; Defensores Oaxaqueños por los Derechos Humanos Isabel A.C.; Diversidades y No discriminacion A.C.; Tianguis Indígena Multicultural A.C.; Colectivo Radio Zapatista; Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam); Alianza Civica Pinotepa Nacional, A.C.; Organizacion Nacional del Poder Popular-FNAMUP; Frente Popular Revolucionario (FPR); Partido Comunista de México (marxista-leninista); Guerreros Verdes A.C.; Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ); Kolectivo El Rebelde-Mérida, Yucatán; Centro de Estudios sobre terrorismo de Estado; Red de Alerta Temprana Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh); Fundación Diego Lucero A.C.; Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM); Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD); Observatorio Nacional de Prisiones México (ONP México); Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH); Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C.; Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM); Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos y Equidad de Género (ASDDHEG); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría sj, de la Universidad Iberoamericana Puebla; Centro de Orientación y Asesoria a Pueblos Indígenas (COAPI); Enlace Comunicación y Capacitación (Mixteca) A.C.; Colectivo Paz con Democracia; Grupo de Mujeres 8 de Marzo, A.C.; RELAJU-México; Enlace Socialista-Morelia, Michoacàn; Centro de Investigación para la Construcción de Alternativas CIPCA; Alianza Cívica-Chiapas; Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca – OIDHO –; Alianza Cívica Coahuila; Denuncia y defensa de los derechos humanos; Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA); No al Sonora si; Comité Pro Mejoras de la Ribera Cahuaré, Chiapa de Corzo; Comité Municipal Contra la Construcción de la Represa Itzantum, Huitiupan; Comité en Defensa del Cerro Santa Cruz, San Cristóbnal de Las Casas, Chiapas; Agencia Rural Huitepec Alcanfores, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; Afectados y Afectadas de la Colonia Las Peras, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; Servicios de Apoyo Intercultural A.C.; Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C.; Mujer y Medio Ambiente A.C.; Red de Género y Medio Ambiente RGEMA; Centro Mexicano de Justicia Ambiental, Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña A.C.; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario IMDEC A.C.; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.; Gubiña XXI; Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio; Congreso Nacional Indígena (CNI); Colectivo Nashwin, Biología y Cultura A.C; Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca (AMIO); CLIP ONPP; Coordinadora de Organizaciones Sociales, Urbanas y Rurales (COSUR); Concreto siglo XXI A.C.; FUDI-Matías Romero Oaxaca; Convención Democrática Estatal FACMEO; Frente de Organizaciones y Colonias del Oriente de Zaachila (F.O.C.O.Z.); Alianza Regional de Mototaxistas Alternativos de Zaachila (A.R.M.A.Z.); Organización de Pueblos Indígenas Zapotecas (OPIZ); Frente Popular 14 de Junio; Frente Único de comerciantes (FUC); Comisión de seguimiento CED; Consejo de Pueblos Indígenas de San Juan Lalana COPIL A.C.; Movimiento Cívico, Colectivo Luján 2 Ciudades; Luna del Sur A.C.; Bios Iguana A.C.; Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño (CAMPO) A.C.; Greenpeace México; Frente de Organizaciones Democráticas de Oaxaca (FODO); Comité Estatal Urbano Campesino de Oaxaca (CEUCO); Agencia Municipal de los Audelos (San Pedro Ixtlahuaca); Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil S.C.-Calakmul, Campeche; Sociedad Cooperativa de Consumo Regional Chac Lol S.C.L.-Muna, Yucatán; Programa Suizo de Observación y Promoción de Paz en Chiapas (PROPAZ); Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA); Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos; Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos A.C.; Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (CIARENA) A.C.; Centro de Investigación y Capacitación Rural (CEDICAR) A.C.; Red Nacional de Resistencia Civil Contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica; Comité Nacional de Estudios de la Energía, Tabasco; Consejo de Comunidades Unidas de Centla; Por el Rescate de la Dignidad y la Minería; Universidad de la Tierra, Puebla.
Organizaciones y Redes Internacionales: Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4); Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas (COMPA); Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC); Asociación Cultural el Raval el Lokal de Barcelona (España); COECOCEIBA- Amigos de la Tierra Costa Rica; Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, Brasil; Dorset Chiapas Solidarity Group; Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)- Quito (Ecuador); Censat Agua Viva/Colombia; Movimiento Madre Tierra/Honduras; Grupo de Solidaridad Directa con Chiapas-Zurich, Suiza; GEAL-Grupo de Estudios sobre America Latina y el Caribe; Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo (PIDHDD); Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH); Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)-Panamá; Red de Acción Ciudadana Frente al Libre Comercio Inversion Sinti Techan-El Salvador; Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH); Associazione Turrismo de Feltre (Italia); Socialismo Libertario de Argentina; Asociación de Amistad con el Pueblo Mapuche en Italia (Associazione Amicizia con il Popolo Mapuche in Italia); Comitato Lavoratori Cileni Esiliati, Toscana- Italia; Comisión Ética de Derechos Humanos y Pueblos Originarios (Suecia); Red de Ecología Social (REDDES)/Uruguay; Asociación Latinoamericana de Organismos de Promoción al desarrollo (ALOP); Carea e.V.-Berlín, Alemania; medico internacional suiza; Sobrevivencia/Paraguay; Colectivo Ovejas Negras-Montevideo, Uruguay; Servicio Paz y Justicia-Paraguay; Organización Intercultural Wainjirawa; Organización Indígena Wayuu Maikiraalasa’lii; Asociación de Consejos Estudiantiles Indígenas de La Universidad del Zulia-ACEINLUZ; Ecologistas en Acción-España; Alianza Social Continental-Bogotá-Colombia; Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia-Munich Alemania; Selvas.org-Italia; Rights Action-USA & Canada.
Sector Académico: José Enrique González Ruiz-Postgrado en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Dr. Gilberto López y Rivas, Profesor-Investigador, Instituto Nacional de Antropología e Historia; Oscar Azmitia-Rector de la Universidad de La Salle de Costa Rica; Jorge Balbis-Secretario Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Organismos de Promoción al desarrollo –ALOP; Roberto Lima – Mestrado em antropologia da Universidade Federal deGoiás – Brasil; Alejandro Castillo Morga (Estudiante de Filosofía); Stefan Pimmer, Universidad de Linz, Austria; Mirabel Mejía Rodríguez-Profesora-Michoacán; Carlos Ernesto Motto, docente UBA, Argentina; Stella Calloni, periodista-escritora; Fabio Barbosa-IIEC-UNAM; Alejandro Moreano- escritor, Ecuador; David Barkin-Profesor de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco; Pierre Mouterde, filósofo, Canadá; Ma. Guadalupe Guadarrama Huerta, México; Araceli Burguete Cal y Mayor- Profesora-investigadora CIESAS-Sureste; Daniel Inclán, Posgrado en estudios latinoamericanos UNAM; Guillermo Villaseñor; Raul Romero Gallardp, Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM; Teresa Valdivia Dounce- Investigadora de la UNAM; Héctor Díaz-Polanco, antropólogo; Posgrado de derechos humanos de la UACM; Bruno Renero Hannan-Universidad de la Tierra; Sara Unda-UNAM; Dr. Carlos Walter Porto-Gonçalves – Premio Casa de las Américas (2008) e Profesor del Programa de Posgrado en Geografía de la Universidad Federal Fluminense – Brasil; François Houtart-profesor emeritus de la Univbersidad Catolica de Lovaina (Belgica); Guillermo Castillo-egresado de la UNAM, en México, D.F.; Ana Esther Ceceña, UNAM; Virginia Fontes Historiadora-Río de Janeiro/Brasil; Marco Velázquez-Profesor/Investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Efraín León Hernández-Colegio de Geografía-Facultad de Filosofía y Letras Universidad Nacional Autónoma de México; Margarita Favela Gavia-CEIICH-UNAM; Jorge Lora Cam-Investigador social, BUAP Puebla-México; Manuel Pérez Rocha-Institute for Policy Studies, Washington D.C.; Unidad de Estudios de Culturas Indígenas-Universidad del Zulia-Venezuela.
Ciudadanos/as: Genaro Bautista; Rebeca González-Chiapas; Jovita Patricia Gómez Cruz; María Gracia Castillo Ramírez (Guadalajara, Jalisco); Tzinnia Carranza L.; Andrea Andújar, Argentina; Teresita de Jesús Oñate Ocaña; Carmen Cariño Trujillo; Armando Martínez Rosales; Benjamín Tirado Hernández; Emilio Taddei-Argentina; Antonia Candela; Theres Hoechli; Carlos Fazio; Lucero Mendizábal; Enrique Leff; Elder Andrade de Paula – Amazonia/ Brasil; José Luis Moreno Borbolla; Diana Avila, Perú; Isabel Lozano; Pastor Ricárdez Fuentes- Ciudad de México; Catalina Eibenschutz; Ernesto Aquilar; Marco Turra-Feltre (Italia); Ricarda Schlittgen-Berlin, Alemania; Carlos Manzo; Sofía Olhovich Filonova; Josefina Morales; Ana Hilda Ramírez; Araceli Burguete; Artemia Fabre; Carlos Moreno; Consuelo Sánchez; Elisa Cruz Rueda; Florencia Mercado; Héctor Ortíz Elizondo; José Rubén Orantes; Juan Carlos Martínez; Laura Raquel Valladares; Leif Forsbaek; Magdalena Gómez; Manuel Buenrostro; María Teresa Sierra; Miguel A. Gûemez; Morna Macleod; Parastoo Anita Mesri; Pedro Lewin; Rachel Sieder; Ramón Martínez Coria; Rosalva Aída Hernández; Salvador Aquino; Teresa Valdivia; Victoria Chenaut; Cristina Velásquez; Mario Saucedo Pérez; Armand Mattelart; Erika Lilí Díaz Cruz; Onatta Lecona Tinajero; Verónica Villalvazo; Sharon Hallas; Víctor Hugo Pavón Álvarez; José Angel Quintero Weir; Juan Carlos La Rosa; Jorge Montiel; Nelson Ceballo; Alberto Achito-Colombia; Concepción Hernández Méndez; Inti Barrios Hernández; Marina Kohon-Bahía Blanca, Argentina.
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