miércoles, 24 de diciembre de 2014

Riqueza oculta y sin control: automotrices vienen por litio argentino y se "rifan" los campos por Internet

Las automotrices picaron en punta en la instalación de proyectos y ahora la petrolera estatal YPF quiere pisar fuerte en el nuevo negocio. Mientras se define la creación de una "OPEP" regional, brotan las ofertas de campos que poseen el mineral. Las inversiones en marcha.

La riqueza está en el país y su relevancia es indiscutible.

La Argentina y su potencial en reservas de litio es una realidad, pero el modo en que se está desarrollando el control y la explotación de esta materia prima -una de las grandes protagonistas del futuro- da lugar a fuertes polémicas.

Por un lado, y según pudo confirmar iProfesional, en el país se está a un paso de completar el proceso para el desarrollo de la primera batería basada en dicho mineral fabricadaíntegramente en estas tierras.

En este contexto, YPF apunta a darle valor agregado a este recurso y a generar un gran negocio a partir de la riqueza que ofrece el suelo albiceleste.

A través de Y-TEC, su brazo tecnológico, la petrolera cerró un acuerdo con la Universidad de Jujuy para la instalación de un centro de innovaciones cuyo objeto es el de sacar rédito de la abundante presencia de esta materia prima en el norte argentino.

El trabajo conjunto, indicaron a este medio fuentes que participaron del acuerdo, posibilitará la aparición para mayo de 2015 de las primeras "celdas de litio, lo que le permitirá al país realizar tanto la exploración como la producción e industrialización del mineral y sus subproductos".

A raíz del interés de la petrolera estatal por avanzar en este campo, el propio Miguel Galuccio, CEO de la compañía, se pronunció sobre el potencial que subyace en el norte argentino: "La apuesta de YPF, que estuvo abocada al petróleo y gas, ahora tiene una pata entodas las energías renovables. Y es esa pata la que ahora tiene Y-TEC".

martes, 23 de diciembre de 2014

Megaminería: una promesa inconclusa en la montaña

Historias de la década Kirchnerista. La década ganada

La minería metalífera multiplicó su desarrollo un 300%, pero también crecieron las denuncias de los ambientalistas; hoy los empresarios critican la presión fiscal, concentrada en la Nación

Por Marcelo Veneranda | LA NACION


Sólo el año pasado, después de remover 40 millones de toneladas de montaña catamarqueña y usar 24 mil millones de litros de agua fresca, la minera La Alumbrera extrajo 440.922 toneladas de concentrado de cobre y oro, 32.000 onzas de oro doré y 3829 toneladas de molibdeno, que una vez en el puerto valieron 1026 millones de dólares. A 40 kilómetros de la mina, en Andalgalá, no sale agua potable en los baños del hospital público. Tampoco hay oftalmólogo, traumatólogo ni oncólogo. El 80 por ciento de esta localidad no tiene cloacas y más de la mitad de los vecinos están desempleados o no tienen un trabajo registrado.

Así planteado, el debate de la minería metalífera en la década kirchnerista empieza mal. Porque es mucho más complejo e involucra las visiones irreconciliables de los ambientalistas, de los pobladores que exigen desarrollo para sus comunidades, de quienes sí encontraron un trabajo y un futuro en las minas y de las compañías inversoras. Y porque, además, de 2003 a 2013 no sólo se triplicaron las exportaciones mineras hasta los 4090 millones de dólares el año pasado. También, junto al desarrollo agigantado del sector se multiplicaron las andalgalás.

El Algarrobo. Aldo Flores y Alejandro de las Cuevas se turnan para cuidar el piquete que bloquea el camino más corto a Agua Rica, el yacimiento ubicado a 17 kilómetros de Andalgalá.


¿Y el Estado? La pregunta vale oro para las mineras y agua para los ambientalistas. Porque con la minería el Gobierno marcó una de las contradicciones más grandes frente a su discurso de Derechos Humanos, al tomar partido por las compañías, la mayoría de capitales internacionales, contra las denuncias de los ambientalistas, las comunidades originarias y quienes reclamaban su derecho al acceso al agua. También vetó la ley que protegía los glaciares y, tras la insistencia del Congreso, retrasó su aplicación.