Juan Paullier*
BBC Mundo, Centroamérica
Un día "histórico".
Así han calificado desde diversos sectores políticos y sociales de El Salvador el hecho de que, tras más de una década de lucha y un esfuerzo conjunto de organizaciones sociales, ambientales, educativas y el peso decisivo de la Iglesia católica, el país haya prohibido la minería metálica.
Este 27 de abril fue publicada en el Diario Oficial del país centroamericano la Ley de Prohibición de la Minería Metálica que aprobó hace un mes la Asamblea Legislativa, con los votos de 69 de los 84 diputados.
Establece el principio de que la minería de metales afecta al medio ambiente y la salud de las personas y constituye "una amenaza para el desarrollo y bienestar de las familias".
La prohibición incluye las actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento a cielo abierto y subterráneo, y también impide el uso de químicos tóxicos en cualquier proceso de minería metálica.
"Es una decisión histórica, valiente y decisiva, nuestro país territorialmente es muy pequeño y practicar la minería metálica significa prácticamente un suicidio", le dice a BBC Mundo Guillermo Gallegos, presidente de la Asamblea Legislativa.
Desde 2005 se habían presentado al menos seis iniciativas similares pero, esta vez, el decidido apoyo que la Iglesia católica, muy poderosa en el país, le dio a la ley ahora aprobada el empuje necesario para recibir el apoyo de los políticos.
El acompañamiento de la cúpula de la Iglesia católica y el clero
puso una presión social sin precedentes que facilitó y aceleró el proceso", le asegura a BBC Mundo Jeannette Aguilar, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA).
La Iglesia junto a la UCA y organizaciones sociales presentaron a comienzos de febrero el proyecto de ley y en marzo entregaron ante la Asamblea Legislativa más de 33.000 firmas de personas que apoyaban la aprobación del mismo.
De acuerdo con una encuesta realizada por el Iudop el año pasado, el 77% de la población consideraba que el Estado debía prohibir la minería metálica.
La encíclica papal
Una de las cosas que llevó a la Iglesia a darle al proyecto fue la encíclica
Laudato Si (Alabado Seas) sobre el cambio climático que el papa Francisco divulgó en 2015.
Guillermo Navarro, coordinador de Cáritas, una organización humanitaria de la Iglesia católica que también impulsó la ley, le dice a BBC Mundo que la Iglesia asumió "
un rol más activo a partir del llamado del Papa".
"En la encíclica es muy duro con las empresas mineras y habla de que el agua es un derecho humano fundamental", señala Navarro.
"A fines de 2016, la Iglesia toma una posición importante, eso da un empujón más políticamente y juega un papel muy fundamental en el esfuerzo de concientización", explica en diálogo con BBC Mundo Bernardo Belloso, representante de la Mesa Nacional Frente a la Minería y presidente de la Asociación para el desarrollo de El Salvador, conocida como Cripdes.
Su organización presentó en 2006 un proyecto de ley para prohibir la minería y afirma que la aprobación "surge de todo este esfuerzo que hemos llevado adelante desde hace más 10 años".
Belloso recuerda a los
cinco líderes comunitarios que se oponían a un proyecto minero en el departamento de Cabañas y fueron asesinados en 2009, una situación que fue mencionada en la Asamblea Legislativa el miércoles.
"Esta ley está bañada con sangre", afirmó el diputado Guillermo Mata.
Disputa con OceanaGold
En la zona norte de El Salvador se han encontrado hasta 29 áreas donde se podría desarrollar la explotación de minas de oro y plata, y en las que empresas internacionales han demostrado interés.
Pero el país lleva años siendo reticente a la presencia de mineras. En 2008 el gobierno determinó que no daría permisos de extracción sin un estudio de impacto ambiental y sin la existencia de
una normativa para regular la industria.
Fue entonces que la minera Pacific Rim Cayman, actualmente propiedad de la australiana-canadiense OceanaGold Corporation, que desde 2002 tenía autorización para realizar exploraciones, demandó al Estado frente a una institución de arbitraje del Banco Mundial donde reclamó
una compensación de US$250 millones por no otorgarle en 2009 un permiso de extracción.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) le dio la razón a El Salvador en octubre pasado y ordenó a la compañía pagarle US$8 millones al Estado por los costos del litigio.
A finales de marzo determinó que la firma debe también abonar los intereses de esa deuda.
Gallegos, el presidente de la Asamblea Nacional, admite que tras la aprobación de la ley "de seguro vendrán algunas demandas" pero que esperan "tener la chance de volver a ganar".
La legislación deja sin efecto todos los procesos iniciados para obtener permisos de exploración y explotación, y da un plazo a los mineros artesanales de pequeña escala a abandonar la actividad.
Para la organización Cáritas, la principal preocupación pasa por la aplicación efectiva de la ley.
"Viene la parte más importante, tenemos que incidir en las estructuras del Estado, no hay institucionalidad fuerte para aplicarlas", comenta Navarro.
"Si hablamos de leyes, parecemos Suiza", agrega. "Las leyes son hermosas pero el gran problema de nuestro país es que las instituciones del Estado no asumen su rol".
*Esta nota fue publicada originalmente el 31 de marzo de 2017 y actualizada el 27 de abril con motivo de la publicación de la ley en el Diario Oficial de El Salvador.
Fuente: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39451498
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