Balas para Todos

domingo, 10 de abril de 2016

Otro Funcionario del FCS con cuentas en Panamá

Ernesto Raúl Doering figura con una sociedad off-shore en Panamá



Se trata de Raúl Doreing, fue secretario de Minería de Oscar Castillo y Eduardo Brizuela del Moral hasta que fue designado en la empresa minera. 
Fue constituida en 2010, cuando estaba al frente de la polémica Somica Dem.

El escándalo de los llamados “Papeles de Panamá” -Panamá papers- que involucra a jefes de Estado incluido el presidente Mauricio Macri, tiene varias aristas que implican a personajes de Catamarca con estrechos vínculos políticos con el gobierno del Frente Cívico y Social. Una de esas aristas es la empresa off-shore que constituyó en Panamá el exsecretario de minería y expresidente de la Sociedad Minera Catamarqueña de Economía Mixta (Somica Dem), Ernesto Raúl Doering, mientras ocupaba el cargo en la empresa que tuvo un turbio desempeño con la explotación de rodocrosita generando grandes perjuicios para la provincia.
Según los registros panameños a los que se puede acceder vía internet, Doering figura como titular de una Sociedad Anónima con el extraño nombre de “GBT 4 18C S.A.” registrada de conformidad con la legislación del paraíso fiscal, bajo el número de registro 696810, y que actualmente permanece vigente. Doering figura como director, secretario y presidente de la empresa.
De acuerdo a fuentes confiables, Doering, que actualmente tiene domicilio en el país centroamericano, más precisamente en la Calle 50 Torre Global Bank, piso 24, de la Ciudad de Panamá, constituyó esta empresa durante el año 2010, cuando todavía presidía la empresa Somica Dem, cargo en el que había sido puesto por el entonces gobernador Eduardo Brizuela del Moral, seis años antes, en 2004, a poco de iniciar su primera gestión. Doering había sido secretario de Minería de Oscar Castillo, cargo que continuó ocupando durante los primeros meses del gobierno de Brizuela del Moral, lapso en el que montó la ingeniería para reflotar Somica Dem, pese a que había sido liquidada años antes por el gobierno de Arnoldo Castillo, medida que fue ratificada por la Corte de Justicia.
Si bien la constitución de empresas en otros países no implica per se una actividad ilícita, resulta al menos sugestivo que se haya elegido justamente Panamá, conocido por las laxas normativas financieras que lo colocan como uno de los “paraísos fiscales”, siempre asociado a maniobras de evasión y lavado de activos.




Antecedentes

La empresa de capitales mixtos, pero de mayoría societaria del Estado, tenía a su cargo el yacimiento de Minas Capillitas para la explotación de rodocrosita, que dejó una deuda multimillonaria a la provincia; un yacimiento virtualmente vaciado, sin ninguna inversión, con trabajadores en condiciones infrahumanas, y al borde del cierre.
Ello fue posible merced a un contrato leonino con la empresa Minera Dolphin S.A. que vulneró los intereses de la provincia y que se manejó siempre bajo siete llaves. La empresa privada obtuvo los derechos para la explotación y mientras tuvo la mina a su merced, se explotaron las vetas de las calidades más costosas, que se sacaban de la provincia y el país sin controles con una impunidad absoluta, a tal punto que jamás pagaron siquiera las multas que imponía la secretaría de Minería cuando se detectaban irregularidades. Pese al fabuloso negocio millonario que Doering le facilitó a Dolphin, tampoco hubo inversiones para extender la vida útil del yacimiento, ni mucho menos mejorar la calidad de las condiciones de trabajo de los mineros, que permanecían como en el siglo XVIII.
Y como frutilla del postre, pese a que hubo informes que certificaron que Dolphin había incrementado en forma extraordinaria la producción, adujeron una situación de “crisis” y consiguieron que la provincia redujera significativamente el canon anual que debían pagar a la provincia en un 50%. El canon original ya era un buen negocio para la empresa privada en detrimento de la provincia, porque no se estableció un porcentaje de la producción, sino que se lo fijó en 50.000 dólares anuales -una ínfima porción de lo que recaudó la empresa-, y posteriormente se lo redujo 75.000 pesos.
Los detalles del contrato siempre fueron mantenidos ocultos a la sociedad. Aún cuando Doering fue consultado oportunamente, siempre se negó a dar explicaciones claras con la falaz excusa de que no tenía por qué dar explicaciones ya que se trataba de una empresa privada, aunque en realidad, el Estado era el socio mayoritario.

Fuente: El Esquiú

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