Balas para Todos

miércoles, 14 de septiembre de 2016

No hay peor sordo...


Catamarca.- La ordenanza que prohíbe la minería a cielo abierto en Andalgalá aprobada por el Consejo Deliberante para todo el ejido municipal, es la "consecuencia" de años de "desidia oficial" por parte del Gobierno Provincial (FCyS y FPV) con un fuerte "aditamento electoral" de los ediles andalgalenses que ya están pensando en 2017-2019. Por supuesto, el fracaso en la política minera localarrastra al Secretario de Minería nacional, Daniel Meilán.

El tema de fondo no es judicial, sino político-social

Mientras el precepto aprobado en el Concejo se encamina a ser "judicializado" por la empresa YAMANA GOLD en lo que promete ser una "disputa millonaria" por entender que la normativa es anti-constitucional y afectar "derechos adquiridos" de la firma internacional, la pregunta de fondo es ¿qué significa en términos políticos la polémica ordenanza?

Crónica de una muerte anunciada

Es "crónica de una muerte anunciada". Como viene sucediendo hace años, el oficialismo y el sector empresario le restan importancia a lo que acontece en las zonas mineras y continúan con la misma "metodología". A casi dos décadas de no atender los reclamos de la sociedad andalgalense, insisten en ignoran los datos de la realidad. ¿Qué otra cosa podía suceder?

Legisladores que parece que no viven en Catamarca

Asimismo, después del fallo de la Suprema Corte de Justicia, la Legislatura tendría que haber trabajo en la vía legal para cumplir con la sugerencia dada por la máxima expresión del Poder Judicial de "garantizar" la "participación ciudadana". Pero los legisladores están durmiendo y hasta la fecha no entienden el problema (¿habrán leído siquiera el fallo?). Muy lejos de la realidad permanecen en su burbuja. ¿Qué hubiera pasado si los senadores y diputados hubieran tomado nota de lo que marcó oportunamente la Suprema Corte? Supongo que ahora nunca lo sabremos con certeza.

Glencore, mira de lejos

Glencore, la operadora de Bajo la Alumbrera, tampoco contribuyó al consenso sobre la actividad minera en la región, se limitó a mirar de lejos. En realidad, las fuerzas políticas y las empresas mineras no supieron conseguir, construir, lograr, alcanzar, la necesaria "licencia social", a pesar de estar "allí", en la mal llamada "Área de Impacto Primario" (API).

Es inútil esperar una reactivación con Meilán (representa el viejo modelo de Menem)

Daniel Meilán, Secretario de Minería de la Nación y ex asesor/empleado de Alumbrera, cree que la minería que sostuvo en los 90 va a funcionar pero el mundo evolucionó. La minería de Meilán (de la época de Menem), que siguió el FCyS y luego Lucía Corpacci, no va más. Sin ideas nuevas e innovadoras, no va a haber minería en Catamarca ni en el país (no confundir con desarrollar "algunos" proyectos mineros). ¡Entiendan! Se debe refundar la minería con otros parámetros. Meilán representa el viejo modelo que abrió Alumbrera contaminando el Río Vis Vis.

15F, el fallo de la Suprema Corte, la ordenanza anti-minera

No atendieron el estallido del 15 de Febrero de 2010 (el 15F), luego no le prestaron atención al fallo de la Suprema Corte de Justicia donde le dio la razón a los ambientalistas sobre que un informe de Impacto Ambiental (IIA) no puede ser aprobado con observaciones (debe ser aprobado o rechazado totalmente) más la clave de los nuevos tiempos de cualquier política minera: se debe garantizar la participación ciudadana. Finalmente menosprecian la ordenanza que aprobó el Concejo Deliberante de Andalgalá. No hay peor sordo que el que no quiere oír.

Los "mariscales de la derrota"

Entre los "mariscales de la derrota" se cuenta a los que tomaron decisiones en la política minera de la gestión Corpacci, la dupla Vera-Barletta (YAMANA GOLD), el presidente de la empresa estatal CAMYEN, Daniel Issi, el juez de Minas, Guillermo Cerda, el funcionario nacional, Daniel Meilán. Con este panorama ¿qué se va a hacer la Gobernadora en Pekin? ¿Sobre qué disertará Lucía en China? Somos papeloneros ¿no?

Andalgalá, la mayoría no es minera

De acuerdo a las últimas elecciones, la mayoría en Andalgalá no es minera. Si nos guiamos incluso por todas las fuerzas políticas que aprobaron la polémica ordenanza, hay unanimidad en torno a rechazar el proyecto Agua Rica. Los trabajadores y empresarios pro-mineros van a tener que esperar hasta las próximas elecciones (en democracia, el que pierde acompaña). Entretanto, otra vez nos perderemos en el laberinto judicial con costos millonarios sin advertir aún que la cuestión de fondo no es judicial (aspecto que solo servirá para darle trabajo a los abogados) sino política-social de la actividad minera como política de Estado.




Por Juan Carlos Andrada (DNI 23.594.559)
Redacción: www.catamarca.la
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